Muchas rendijas legales permiten espiar en Internet. Los bancos y supermercados lo saben todo de nosotros. La privacidad la perdimos hace mucho tiempo. Existen empresas dedicadas a vender la tecnología necesaria para que las compañías de Internet (que ponen publicidad de otras empresas y páginas web) sepan dónde colocar cada anuncio. El de coches en el potencial comprador, el de discos en una fanática de algún conjunto, y el de pisos en unos novios a punto de casarse. Conforme la Directiva europea 95/46, debería de informarse al interesado del tratamiento que se realiza con sus datos personales. La pregunta es ¿quién controla que lo hagan? Lo cierto es que la Agencia Española de Protección de Datos reconoce que no le es posible aclarar si la mayoría de la empresas que manejan perfiles de usuarios on-line cumplen o no con la obligación de informar, que eso debe verse caso por caso lo que bloquea por completo el sistema. Si a alguien le puede inquietar que una empresa sepa que a tal usuario le gustan los libros, los viajes exóticos o la cerveza belga, la cosa se pone peor si pensamos que en algún momento ese usuario introducirá su nombre y apellidos, teléfono, y dirección para hacer cualquier operación. Eso también puede quedar registrado en la base de datos de alguna empresa, sin que haya garantía ninguna de que esa información no pueda venderse.

El problema suscitado a raíz del “caso Mari Luz” se resume en los siguiente: los delincuentes reincidentes se benefician de la incomunicación del sistema judicial por cuanto sólo las sentencias firmes se recogen en un registro. Es por ello que, aprovechando el colapso y el desorden que en forma generalizada reina en la administración de justicia, algunos condenados se encuentran en la calle.

El número de parejas que se divorcian baja por primera vez en seis años en Catalunya.

La huelga de funcionarios judiciales desbarató la vida de los ciudadanos afectados tal y como lo demuestra los siguientes casos verídicos: 1. Un hombre cobró en Ciudad Real una indemnización de 2.500 € por despido. Se fue a celebrarlo, se emborrachó, se peleó, le detuvo la Guardia Civil, le retuvo el dinero al sospechar que provenía de un robo. Fue puesto en libertad después. Se tuvo que demostrar que el dinero tenía una fuente legal lo que costó muchísimo por cuanto el mandamiento de devolución judicial se encontraba “congelado” por la huelga. 2. Hay parejas que, con el restaurante comprometido y los parientes invitados, han visto con desesperación que la fecha de la boda se acercaba y no obtenían a tiempo los certificados pertinentes. Muchos decidieron celebrar el banquete y esperar a la celebración de la boda para mejor ocasión. 3. Se contabilizan más de 40.000 actos judiciales suspendidos (miles de desahucios no cumplidos, pensiones no determinadas y sentencias no notificadas).

Ante la polémica despertada por la importancia que pudieran tener las denominadas “listas de Liechstenstein” el rigor jurídico exige una precisión: frente a cualquier inspección tributaria o proceso penal que pudiera abrirse contra un ciudadano español por las referidas listas el mismo no tendría serias posibilidades de prosperar ante el simple hecho de que el sujeto pasivo y/o imputado no ratificase lo que dice la lista; en definitiva (y ante la circunstancia de que en la lista ni aparece su firma ni ningún sello oficial) basta con no reconocer la autenticidad del documento.

Un detenido tres veces sigue libre tras robar 64 coches. Belckacem S. de 18 años, no ha pisado todavía la cárcel a pesar de tener una larga carrera delictiva. Es un ejemplo nítido de las dificultades que presenta la lucha contra los rateros multireincidentes que acumulan decenas de delitos pero que pese a ser detenidos y puestos a disposición judicial una y otra vez quedan indefectiblemente en libertad.

La justicia obliga a reparar los daños causados a un vehículo en un parking vigilado. Una reciente Sentencia judicial recuerda la relación contractual de custodia entre el propietario de un aparcamiento y el dueño del automóvil. La ley reguladora de 2002 es bastante rigurosa y para su aplicación se aconseja exigir siempre una hoja de reclamación y recabar la supervisión del vigilante del complejo. El titular de parking debe responder de los daños frente al usuario o, en su defecto, el propietario.

La Audiencia Provincial de Castellón declara que un interés de demora pactado en préstamo personal no es nulo por abusivo pese a establecerse en el 29%.

La crisis dispara las suspensiones de pago en un 40% respecto al año pasado.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) nos confirma que una empresa no es responsable de todos los actos de sus empleados. Este es el caso: un equipo de baloncesto se concentró en un hotel, tras el partido y cuando los jugadores abandonaban el establecimiento uno de ellos se retiró en un taxi. En ese instante, el conserje se le acercó para indicarle que tenía cargos pendientes por llamadas telefónicas. El deportista le dio dos puñetazos en la cara y le golpeó con una piedra, ocasionando importantes lesiones. Ante la agresión, el conserje demandó al jugador y al club. Una primera sentencia condenó a ambos demandados de forma solidaria, al entender que la empresa participaba de la responsabilidad de su empleado en los hechos. Tras un primer recurso fallido, el caso acabó en el TS que declaró la ausencia de responsabilidad del club al entender que no bastaba acreditar la relación de dependencia, sino que era preciso que el daño hubiera tenido su origen en el ámbito de actividad conferida al empleado. Para el tribunal, los hechos se produjeron fuera del espacio donde pudiera existir un deber de vigilancia por parte del empleador y además el origine del incidente no guardaba relación alguna con la actividad o servicio que prestaba el codemandado. En definitiva, “ el hecho de que un empresa envíe a uno de sus trabajadores a desempeñar un cometido fuera de su centro de trabajo, asumiendo el coste de manutención y alojamiento, no genera su obligación de responder de todas las acciones del procesado”.

Los proyectos de reforma de la futura Ley de enjuiciamiento criminal apuntan a que, en fase de investigación de los hechos delictivos, el fiscal hará de juez conforme el modelo de instrucción europeo (serán los fiscales quienes impulsen las diligencias de investigación, reservando las funciones del juez sólo como garantía de preservar todos los derechos y como órgano que al final del proceso juzgue los hechos).

La fiscalía denuncia ante los juzgados a la coordinadora de una guardería del barrio de Sant Andreu de Barcelona por maltratar niños.

La Ley de Protección de datos impide la información pública de los desahucios. El TS da la razón al Consejo General del Poder Judicial y niega el acceso indiscriminado al registro de entrada de estos procedimientos judiciales por parte de posibles interesados.

La fiscalía de Barcelona está aplicando mano dura en su lucha contra la contaminación acústica y recientemente ha presentado un escrito de acusación solicitando un global de 15 años de prisión contra el administrador de una sociedad que desde el mes de diciembre del año 2006 gestiona la discoteca 242 situada en la Calle Entença. Vecinos del local han presentado 32 denuncias hasta el momento.

El Parlamento de Catalunya aprueba el Proyecto de Ley del Libro III del Código Civil de Catalunya relativo a las personas jurídicas (Asociaciones, Fundaciones, etc.). Con este nuevo texto las entidades tienen más independencia respecto a la administración y los miembros tienen más control sobre la entidad. La Ley también compromete en las entidades a tener una gestión transparente.

El caos se apropia de los Juzgados de Madrid: hasta 33.000 sentencias están pendientes de ejecución.

Conforme una reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la escritura de reactivación de una sociedad disuelta no está sujeta al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

La Audiencia Provincial de Baleares dicta Sentencia condenando a un establecimiento hotelero como responsable de un hurto de las maletas de un huésped que las dejó en la recepción del establecimiento.

Recientes declaraciones del Director de la Agencia Española de Protección de Datos: en los últimos años estamos ante un incremento sustancial del ejercicio por parte de los ciudadanos, del derecho de acceso y cancelación de sus datos en los registros. En el año 2007 hemos detectado un incremento notabilísimo de denuncias vinculada a la videovigilancia y vulneraciones que afectan a la sociedad de la información (en particular al spam, y a los correos comerciales no deseados).

Sentencia del TS: es obligatoria la notificación previa al contribuyente del nuevo valor catastral para que pueda utilizarse como base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana.

La Audiencia Provincial de Baleares dicta Sentencia recordando que el título constitutivo de una comunidad de propietarios no se puede modificar por consenso tácito (es decir, por costumbre). Por tanto, cualquier modificación tiene que ser adoptada formalmente y con todos los requisitos legales (lo que implica, por ejemplo, que el típico supuesto de que el titular de unos bajos nunca haya pagado por gastos de ascensor no le exime de hacerlo si no se dan los requisitos legales para ello).